El desarrollo de proyectos de infraestructura, energía, hidrocarburos y minería en Colombia, trae consigo múltiples impactos positivos a nivel económico y social: generación de empleo, atracción de inversión, impulso de conectividad entre regiones, mejora en el acceso a servicios básicos, entre otros. Sin embargo, este desarrollo representa grandes retos en términos ambientales debido a las afectaciones en los ecosistemas y la biodiversidad propia de áreas objeto de ejecución de estos proyectos. En respuesta a esta realidad y con el objetivo de promover un desarrollo sostenible, la Ley 99 de 1993 establece en su Título I que “los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial”.

A partir de la identificación de la línea base de los ecosistemas afectados y de los impactos ambientales negativos generados a causa de las intervenciones de proyectos, obras o actividades (POA), se definen medidas de manejo bajo el principio de la jerarquía de la mitigación: prevención, mitigación, corrección y compensación. En este marco, únicamente aquellos impactos que no pueden ser prevenidos, mitigados o corregidos deben ser compensados.

Existen diferentes tipos de compensaciones ambientales del componente biótico según la clase de intervención generada: por aprovechamiento forestal único de bosques naturales, por sustracción temporal y definitiva de reservas forestales nacionales o regionales, o del cumplimiento de obligaciones en el marco del proceso de licenciamiento ambiental. Dentro de este último tipo de compensación, un caso común se presenta en los proyectos de infraestructura lineal, en los cuales las áreas de intervención pueden afectar diversos ecosistemas. Estas compensaciones se rigen por tres principios orientadores: la jerarquía de la mitigación, el principio de no pérdida neta de biodiversidad y la adicionalidad. Para garantizar su adecuada implementación, las compensaciones se formalizan en un Plan de Compensación, un documento técnico que define las estrategias a seguir respondiendo cuatro preguntas orientadoras: ¿Qué compensar?, ¿Cuánto compensar?, ¿Dónde compensar? y ¿Cómo compensar?; el cual es evaluado, aprobado y monitoreado por las autoridades ambientales correspondientes.